Cuba y la política exterior mexicana

Este texto fue publicado originalmente en el portal MXT (noviembre 3 de 2015), y también puede leerse aquí.

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Por mandato constitucional, la política exterior mexicana se rige por el principio de la defensa y promoción de los derechos humanos, pero también por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención (Art. 89, fracción X).

Conciliar estas directrices requiere una labor diplomática fina, pues su implementación simultánea puede crear tensiones y errores innecesarios, como sucedió en administraciones pasadas, de 2000 a 2012.

MŽxico, D.F., 02MAYO2004.- Ante la ruptura de las relaciones diplom‡ticas de MŽxico con Cuba por parte del gobierno federal, simpatizantes del pueblo cubano se dieron cita en la embajada cubana en se–al de apoyo. FOTO: MoisŽs Pablo/CUARTOSCURO.COM

El próximo 5 de noviembre Raúl Castro realizará su primera visita de estado a México desde que sustituyó a su hermano, el comandante Fidel Castro, como presidente de Cuba (Raúl ya había tomando las riendas del gobierno de manera interina desde julio de 2006, aunque su mandato se formalizó en febrero de 2008).

En términos generales, es de anticipar que esta visita provocará dos grandes reacciones de signo opuesto entre políticos, analistas y líderes de opinión en México.

Por un lado, algunos críticos –con posiciones que van desde los liberales hasta la derecha– argumentan que Cuba es un régimen autoritario, con un saldo negativo en materia de derechos humanos y un modelo económico socialista agotado.

De acuerdo a esta visión, al ser la política exterior un reflejo y complemento de los valores a los que México aspira, nuestros esfuerzos internos para avanzar en democracia, derechos y libertades chocarían con recibir al representante cubano a menos que se haga un firme llamamiento en favor de la apertura política en la isla. Se trata de un análisis parcialmente correcto pero también simplista, una posición de purismo ideológico que desestima el contexto en que vive Cuba.

Por el otro lado, hay quienes argumentan que la política exterior se trata de la relación entre gobiernos, no entre pueblos, donde México (y cualquier otro país) debe ser respetuoso de los procesos políticos que suceden en cada nación. Así, se deben promover los valores democráticos pero siempre en estricto apego a la no intervención.

Esta visión, a veces catalogada como “legalista”, ha tenido en realidad un sentido pragmático, pues parte de la lógica de que en la medida que México se mantenga firme en su defensa de la autodeterminación y no intervención mantendrá la legitimidad para exigir el mismo trato de parte de otros países que pudieran desear inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Igual que en el caso anterior, llevar esta posición al extremo significaría sacrificar un precepto constitucional a favor de otro.

Por ello, debe recordarse que la mejor amiga de la diplomacia es la historia, y es en función de un análisis histórico y del contexto cubano que se debe conducir una política exterior seria, de principios y también de defensa de los intereses nacionales.

Cuba vive un momento crucial, en el que paulatina pero inexorablemente empieza a liberalizar su economía. Inevitablemente, esto traerá consigo una cada vez mayor apertura política. Sin embargo, debe considerarse que sobre la isla pesa un embargo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962, ratificado y endurecido en 1996.

El embargo fue, primero, la respuesta norteamericana ante la nacionalización de propiedades extranjeras tras la revolución, así como al acercamiento de la Habana con la Unión Soviética, y en estricto sentido político, fue una medida lógica en el contexto de la guerra fría. Posteriormente, se ha justificado como un mecanismo de presión para forzar la democratización del régimen cubano.

No obstante, se ha destacado que el embargo (que en Cuba se conoce como “bloqueo”) no sólo ha causado el efecto contrario de consolidar la legitimidad del gobierno ante la amenaza de una potencia extranjera, sino que ha terminado siendo pagado por la población, que sufre las carencias que esta medida implica. Más aún, los términos del embargo estipulan que su cese está condicionado a la caída del régimen actual, con todas las incertidumbres que eso plantea, pues se trataría de un cambio de régimen promovido desde afuera, un escenario que amenaza con sustituir al pueblo cubano como protagonista en la determinación de su propio destino.

En este sentido, resulta políticamente comprensible (y sobre todo en un país como México, que ha sufrido a lo largo de su historia la intervención extranjera), que Cuba desee avanzar en su proceso de apertura pero en sus propios términos, es decir, manteniendo su soberanía e independencia.

Díaz-Canel-y-Canciller-de-México-Foto-Jorge-Luis-González

De ahí que nuestra política exterior deba mantenerse operando en dos pistas pero bajo un mismo mandato constitucional. De un lado, defendiendo el respeto a la autodeterminación (un ejemplo reciente es el voto mexicano en la ONU en contra del embargo), a la vez que promueve y respalda los pasos de Cuba hacia una mayor apertura económica y política, no como una fuerza interventora, sino como un aliado y un interlocutor de cara a Estados Unidos.

Y para que México pueda ser un mediador válido que contribuya a hacer avances en el terreno de lo pragmático, se debe mantener como una voz legítima apegada los principios constitucionales. Esta es la ruta que ha retomado la Cancillería, y es el camino que tradicionalmente ha ganado para la diplomacia mexicana el prestigio y el respeto internacional que de manera discreta y efectiva empieza a reconquistarse.

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