El mito de la gratuidad

Este texto fue publicado originalmente en el portal MXT, (julio 21 de 2015), y también puede leerse aquí.

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No es casual que llamemos impuestos y no opcionales al mecanismo mediante el que todos contribuimos con nuestro trabajo y dinero para que el estado provea servicios públicos.

Porque más allá de la pomposidad de los cargos y la solemnidad de los protocolos, la política se trata esencialmente de decidir con dinero: en qué se va a gastar, a qué sector de la población va a beneficiar, y qué otro sector tendrá que pagarlo.

Sin embargo, los ciudadanos seguimos empleando el vocabulario de la gratuidad, celebrando que el gobierno nos dé esto o lamentando que nos dejó de dar aquello, como si fuese la tía rica que algunas veces nos regala un viaje a Los Cabos y otras un suéter horrendo.

Picking From The Money Tree

Al mismo tiempo, aceptamos sin gran reparo que los gobiernos –de todos los partidos y tendencias– digan cosas como que ofrecen tal servicio “sin costo alguno”, o presuman que con tal programa se atiende a determinado número de personas “gratuitamente”.

Por su parte, los medios suelen replicar este lenguaje que divorcia las acciones de gobierno con el origen de los recursos; y así, acuñan términos como “gasolinazo” para reportar que subió el precio (cuando en realidad bajó un subsidio regresivo, que beneficia a los más ricos a costa de los más pobres).

Este vocabulario de la gratuidad es un legado del asistencialismo que por varios años gobernó al país, bajo cuyos auspicios se erigió un estado paternalista que se adjudicó el monopolio de lo público y estigmatizó lo privado.

Se trataba de un modelo que ve en el erario su patrimonio exclusivo, mismo que distribuye no como derecho exigible, sino como dádiva generosa, en función de su interés político y sin rendición de cuentas.

Por ello, nuestro debate público ganará mucho cuando desterremos este engañoso y tímido léxico de lo gratuito y lo cambiemos por uno más contundente de lo exigible. Porque nada de lo que el estado da es gratis. Jamás.

Cada centavo de programas sociales, infraestructura, espectáculos populares, subsidios, educación, salud, seguridad y demás servicios sale del bolsillo de los ciudadanos de hoy, vía impuestos y contribuciones, o de los ciudadanos de mañana, vía deuda –que se pagará también con impuestos.

En cambio, el lenguaje de la gratuidad resta poder a los ciudadanos y diluye la rendición de cuentas de las autoridades, bajo la ficción de que eso que el estado hace es una concesión regalada, no una responsabilidad fiscalizable.

Este vocabulario también perpetúa una mentalidad asistencialista que ve en los programas sociales no un mecanismo temporal para ayudar a salir de la pobreza, sino un paliativo permanente para hacerla tolerable.

Y así, el asistencialismo usa el lenguaje de la gratuidad para defender al estado grande, porque lo que le interesa es controlar más recursos, no usarlos con mayor justicia.

En contraste, en el léxico de lo exigible el estado está llamado a ser fuerte, no grande; no debe ser benigno para regalar, sino eficiente para administrar. Y de la manera como lo haga dependerá en buena medida su legitimidad, que en una democracia moderna resulta tan importante como su legalidad.

Recordemos que incluso la Revolución francesa, quizá el acontecimiento político por excelencia, encontró su detonante en un problema de impuestos. Los cahiers de doléances que llegaron a los Estados Generales eran ante todo una amarga queja contra la forma como se administraba el dinero público, más que contra la monarquía en sí.

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